Nuevas amenazas contra la Revolución Bolivariana de Venezuela: se pretende estrechar el cerco imperialista

Alejandro Torres Rivera*

18 de febrero de 2018

El 9 de marzo de 2014 el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una Orden Ejecutiva titulada ¨Contribuyendo a la situación en Venezuela¨. La misma no fue sino un peldaño más en la estrategia injerencista de Estados Unidos para promover el derrocamiento del gobierno constitucional de este país.

Los intentos de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, se remontan a años anteriores a la política de seguridad promovida en esta Orden Ejecutiva. Ya desde abril del año 2002, en su empeño por imponer la voluntad de los sectores oligárquicos y de la burguesía representativa del capital financiero e imperialista en Venezuela, la llamada oposición, con la complicidad de Estados Unidos, pretendió mediante un Golpe de Estado, imponer por la fuerza de las armas sus designios contra la Revolución Bolivariana.

El grado de involucramiento de Estados Unidos en la asonada golpista fue descrito con alguna precisión por Wayne Madsen y Richard Bennet, en el ensayo escrito el 19 de abril de 2002 bajo el título U. S. returns to bad ways in Venezuela. Allí los autores describieron la complicidad estadounidense en el Golpe de Estado contra Chávez aportando los siguientes datos:

  1. Previo al desplazamiento del Grupo de Combate encabezado por el portaaviones de la Segunda Flota localizada en Norfolk, Virginia, ¨George Washington¨ (conocido también como CVN 73), se llevaron a cabo labores de apoyo al Golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno encabezado por el Presidente Hugo Chávez Frías. Dicho apoyo se dio dentro del marco del desarrollo de ejercicios COMPTUEX (¨Composite Training Unit Excercise¨) y JTFX (¨Joint Task Force Excercise¨), ejercicio intermedio y ejercicio final de un grupo de combate, desarrollado en el Caribe y en gran medida coordinado desde la anterior Base Naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico.

  1. El apoyo incluyó la interferencia de comunicaciones y señales de inteligencia. A través del ¨US NAVY SIGINT¨ (¨Signal Intelligence¨), los buques estadounidenses estuvieron pendientes de las comunicaciones desde y hacia Cuba, Libia, Irán e Iraq a través de sus misiones diplomáticas en Caracas.

  1. La participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el proceso golpista fue comunicada al Presidente George Bush durante su estadía en Perú y El Salvador como parte de la gira que realizó a estos países en marzo de 2002.

  1. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), apoyó el Golpe utilizando personal adscrito al ¨Joint Interagency Task Force-East¨ (JITF-E) del Comando Sur. Esta fuerza de tarea se encontraba entonces localizada en Cayo Hueso, Florida. La participación se dio mediante el uso de lingüistas especialistas en español y operadores en interceptación de comunicaciones y señales. También se dio mediante la participación de personal de comunicaciones e inteligencia, para esta época localizados en anterior Base Naval de Sábana Seca en Puerto Rico, conocida como ¨Grupo de Seguridad Naval de Sabana Seca¨, y del Centro Regional Operacional de Seguridad (RSOC), localizado en Medina, Texas.

  1. Desde la porción Este de Colombia, personal contratado por la Agencia Central de Inteligencia y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en operaciones antinarcóticos, se proveyó desde el aeropuerto de Marandúa apoyo logístico a lo largo de la frontera con Venezuela. Aviones de patrullaje de la ¨Forward Operation Location¨ (FOL), entonces localizada en Manta, Ecuador, proporcionaron apoyo en inteligencia a las operaciones.

  1. Coordinado desde la Estación Naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, el portaviones ¨George Washington¨ (CVN 73) se mantuvo desarrollando ejercicios navales en el Polígono Externo de Vieques, (¨Vieques Outer Range¨) del ¨Atlantic Fleet Weapons Training Facility¨ (AFWTF). Estos buques se mantuvieron en alerta ante la eventualidad de evacuar ciudadanos estadounidenses del territorio venezolano. Entre los buques que formaban parte del Grupo de Combate del CVN 73, se encontraban los destructores USS Barry, USS Laboon, USS Mahan y USS Arthur W. Radford. En algunos de estos buques se mantenían a bordo unidades de inteligencia y señales en apoyo a las unidades de Operaciones Especiales y de Inteligencia desplegadas en tierra desde territorio colombiano en respaldo a los golpistas.

  1. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos proveyó apoyo a personal del Grupo de Operaciones Especiales bajo el mando de un Teniente Coronel del Comando de Operaciones Especiales del Fuerte Bragg, Carolina del Norte. Estos habían estado en Venezuela desde el año 2001. Pertenecían al ¨U.S. Special Operations Intelligence Support Activity¨ (SOISA). Se indica que hicieron contacto con altos mandos de la Fuerza Armada de Venezuela, incluyendo al General Lucas Rincón, entonces Vice Ministro de Seguridad; con el General Luis Camacho Kairuz; y con empresarios y líderes sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, entre otros. Se indica que las conversaciones con líderes de la CTV comenzaron desde el verano anterior en las refinerías de Maracaibo. Una de las personas reclutadas por la CIA fue el presidente de FEDECAMARAS.

  1. El Golpe también recibió el apoyo del ¨Special Operations Phycological Warfare (SOPSYW), provenientes del Fuerte Bragg, Carolina del Norte. Estos manejaron los anuncios de TV a nombre de políticos y empresarios venezolanos precipitando la crisis al ordenar disparar contra los que protestaban en Caracas. Técnicos en guerra electrónica bloquearon las comunicaciones de los teléfonos celulares y frecuencias de radio entre Caracas y las ciudades del interior en coordinación con el Batallón de Inteligencia ¨General de Brigada Andrés Ibarra¨ del Alto Mando de la Fuerza Armada de Venezuela.

Con el fracaso del Golpe de Estado, de los esfuerzos de quienes desde Colombia pretendían llevar a cabo una guerra económica contra Venezuela, y el también fracaso de la oposición en las siguientes elecciones, la política intervencionista estadounidense de promover un levantamiento popular se hizo sal y agua.

Para impulsar sus planes desestabilizadores la oposición venezolana se valió de agentes provocadores, delincuentes comunes y sectores marginados, recurriendo de tiempo en tiempo a desatar una serie de acciones violentas y enfrentamientos en los cuales perecieron veintenas de ciudadanos y funcionarios y donde resultaron heridos, además, cientos de venezolanos. Estas ¨guarimbas¨—nombre utilizado por el gobierno para referirse a estos grupos— causaron también incalculables daños materiales mediante la destrucción y quema de facilidades públicas.

Fracasados tales los intentos, Estados Unidos promovió la aprobación por su Congreso en diciembre de 2014 de la llamada ¨Ley en Defensa  de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela¨. Esta Ley vino acompañada con nuevos planes desestabilizadores contra el gobierno constitucional en Venezuela. Entre ellos cabe destacar la articulación de una nueva intentona golpista, la cual fue abortada por los organismos de seguridad del gobierno el 12 de febrero de 2015. La planificación del  Golpe incluía la eliminación física de altos funcionarios del gobierno tales como el presidente Nicolás Maduro, el entonces líder de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el alcalde del Municipio Libertador del Distrito Capital, Jorge Rodríguez y el gobernador del estado de Aragua, Tareck El Aissami.

Los golpistas contaron con la participación de más de una decena de oficiales de la rama aérea de la Fuerza Armada de Venezuela. Algunos de ellos fueron arrestados antes de que se pusiera en desarrollo la actividad, otros lograron evadir las órdenes de arresto huyendo del país o permaneciendo ocultos. El Golpe de Estado incluía la voladura con aviones de combate de diferentes objetivos y estructuras vinculadas con el gobierno, incluyendo TeleSur.

En ese mismo mes, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un documento titulado ¨Estrategia Nacional de Seguridad¨ de Estados Unidos¨, donde justificaba su rol injerencista en Venezuela con el supuesto de que la democracia en la Patria de Bolívar y Chávez se encontraba en riesgo.

El siguiente paso fue la aprobación por parte del presidente Obama el 9 de marzo de 2015 de una Orden Ejecutiva con el propósito de incluir a Venezuela dentro del listado de países donde se habían erosionado los derechos humanos. Se alegaba que en Venezuela se perseguía a los oponentes del gobierno, se atentaba contra las organizaciones de la sociedad civil, se recortaba la libertad de prensa y se producían violaciones a los derechos humanos con abusos contra los oponentes anti gubernamentales que llevaban a cabo protestas, produciéndose arrestos y detenciones arbitrarias.

La Orden Ejecutiva desconocía con toda deliberación el hecho de que es precisamente en Venezuela, primero bajo el gobierno de Chávez y luego el de Nicolás Maduro, cuando mayor respeto a los derechos humanos ha habido, con una ampliación sin precedente de la democracia como manifestación participativa del pueblo en la toma de decisiones.

En ella se destacan alegadas situaciones de corrupción política dentro del Estado venezolano, como si Estados Unidos estuviera vacunado contra este mismo tipo de señalamiento en sus ejecutorias. Más aún, acusaba a funcionarios del gobierno de actos de corrupción, mientras guardaba silencio y nada señalaba sobre la corrupción y violaciones sistemáticas de derechos humanos en países que a su vez son sus socios en América Latina. Si como muestra un botón basta, tales son los casos de México, Guatemala y Honduras, por sólo mencionar algunos. Este también es el caso de muchas de las monarquías aliadas de Estados Unidos en el Medio Oriente y el Estado de Israel.

No podemos olvidar en materia de derechos humanos las lecciones que Estados Unidos ha dado al mundo con los abusos cometidos por su personal militar en prisiones como Abu Ghraib en Iraq; o en la prisión que aún mantiene en la Base Naval de Guantánamo; o las propias denuncias en informes parciales hechos públicos por su gobierno sobre el uso de la tortura contra prisioneros capturados bajo el palio de ser considerados ¨combatientes enemigos¨; o la realidad que viven las propias minorías étnicas en las ciudades de Estados Unidos, particularmente las afroamericana y latinoamericana.

La Orden Ejecutiva identifica varios funcionarios del gobierno venezolano, particularmente miembros destacados de la Fuerza Armada y sus servicios de inteligencia, como personas que violan derechos humanos en Venezuela. Se trata precisamente de funcionarios que desempeñaron un papel clave en el proceso de desarticular las iniciativas golpistas promovidas por la oposición interna en Venezuela. Inculpar a tales funcionarios aplicándoles las sanciones contempladas en la Orden Ejecutiva sólo cumplen el propósito que presentar a los integrantes de la oposición como víctimas de la represión y no como victimarios del proceso político democrático en Venezuela.

Finalmente, la Orden Ejecutiva perseguía establecer un marco conceptual anticipado para el establecimiento de sanciones económicas futuras contra la República Bolivariana de Venezuela siguiendo el modelo que se siguió en los casos de Siria, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán o Ucrania, donde sabemos que el único y deliberado propósito de tales sanciones fue afectar sus economías y generar conflictos armados internos violentando sus soberanías nacionales, todo en aras de preservar los intereses globales imperialistas.

Luego de un largo e intenso proceso violento de desestabilización en Venezuela, el 1 de mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro Moros anunció, al amparo de las disposiciones de la Constitución vigente de 1999 en sus artículos 347, 348 y 349, la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente. Indicó que con ello interesa elevar a rango constitucional las misiones creadas por la Revolución Bolivariana y la protección de varios derechos,  estableciendo una protección absoluta a la juventud contra políticas neoliberales y privatizadoras, garantizando el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la cultura y a la tecnología. Su aspiración, indicaba Maduro, era la creación de un ¨Estado Comunal¨, cómo instancia para darle mayor participación y poder a la clase trabajadora.

Como parte de lo que Venezuela ha tenido que soportar se encuentra el flaco y triste papel jugado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, manipulando las decisiones de este organismo internacional regional y profundizando aún más el descrédito de esta organización en su campaña contra Maduro y la Revolución Bolivariana durante el pasado año. En sus discursos Almagro, actuando por encima de lo decidido por el Consejo Nacional Electoral, declaró ilegal la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente de Venezuela.

La propuesta hecha por el presidente Maduro fue también rechazada por los grupos de la oposición a pesar que desde el año 2014 fueron precisamente éstos los que reclamaban la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. A pesar del boicot, 8,890 millones de electores de un total de 19.447 millones participaron del proceso seleccionando aquel número de delegados sujetos a elección para conformar la Asamblea. La cantidad de electores participantes reflejó un incremento  con relación al número de votos obtenidos por el presidente Maduro en las elecciones presidenciales de 2013 de poco más de 7 millones de votos; o de las elecciones legislativas de 2015, cuando el PSUV alcanzó sólo 5.6 millones de votos frente a 7.7 millones obtenidos por la oposición. La campaña mediática de la oposición, sin embargo, desconoce y no acata el resultado de la voluntad popular.

El apoyo al presidente Maduro y al PSUV se manifiestó también en los resultados de las elecciones regionales llevadas a cabo en el mes de octubre de 2017 donde los candidatos del PSUV obtuvieron 18 de las 23 gobernaciones en Venezuela; y luego más adelante, en las elecciones municipales de diciembre de 2017, en las cuales el PSUV obtuvo el control de 308 de las 335 alcaldías.

El argumento de la oposición ha sido que el PSUV, dado su boicot, ha corrido solo en estas elecciones, por lo que su resultado no es válido. A estos argumentos se ha sumado también una campaña en las redes sociales y los medios de comunicación internacionales, demonizando al proceso bolivariano y a sus dirigentes. A esta faena debe añadirse las acciones de varios cancilleres latinoamericanos, algunos de ellos sin ninguna fuerza moral por parte de sus países, para señalarle a Venezuela la falta de democracia en su vida institucional.

El gobierno venezolano, afirmándose en el poder que confiere la Asamblea Nacional Constituyente como ejercicio soberano, optó por promover un proceso de diálogo con la oposición  teniendo como mediadores a terceros países. Este proceso, sin embargo, no fructificó en parte porque a Estados Unidos y a algunos países latinoamericanos confabulados contra Venezuela no les interesaba que se llegara a un acuerdo. La respuesta del gobierno venezolano, sin embargo, no se ha hecho esperar recurriendo a una convocatoria adelantada de los comicios electorales para la presidencia de Venezuela a llevarse a cabo el próximo 22 de abril. En palabras del dirigente venezolano Diosdado Cabellos, ¨si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones¨.

Las elecciones programadas se producen dentro del incremento de la amenaza contra Venezuela. De acuerdo con Luis Manuel Arce, en escrito publicado en América Latina en movimiento, el pasado 13 de febrero, ¨el Comando Sur tiene cercada a la patria de Simón Bolívar y la Colombia del presidente Juan Manuel Santos está jugando el triste papel de mercenario principal de una aventura que puede incendiar todo el continente y quebrar los sueños de CELAC de que América Latina y el Caribe será la única zona de paz.¨ El cerco incluye movimientos militares en la frontera con Colombia bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, que incluye el desplazamiento de hasta 10 mil efectivos militares, la ampliación de las bases militares estadounidenses, las cuales al presente alcanzan ya 12 instalaciones; la creación de nuevos enclaves militares en la zona fronteriza donde antes operaban la FARC y tropas estadounidenses acantonadas  en Aruba y Curazao, Honduras y Panamá.

Por su parte, Kevin Zeeze y Margaret Flowers en la página electrónica Counterpunch, en un artículo titulado Will the US invade Venezuela?, publicado el pasado 15 de febrero, indican que el Secretario de Estado de Estados Unidos, en un discurso pronunciado catorce días antes en la Universidad de Texas, sugirió antes de salir a su gira por América Latina, un Golpe de Estado en Venezuela. Por su parte el Senador republicano por Florida, Marco Rubio, en su cuenta de Twitter señaló que ¨el mundo apoyaría a la Fuerza Armada de Venezuela si se decidía a proteger a su pueblo y restaurar la democracia removiendo un dictador¨.

Señala el artículo que de la misma manera que procedieron Bush y Obama hacia Venezuela, así también está procediendo Trump, procurando un cambio de gobierno en Venezuela. Indica que la oposición en Venezuela están llevando el país a la misma situación a que ha sido llevada Siria. Indica que en el caso de las subvenciones a la oposición, Estados Unidos está siguiendo el modelo impulsado en Ucrania, destinando millonarias sumas a través de organismos como USAID y la CIA y el envío de líderes de la oposición a estudiar a Estados Unidos. Los autores destacan también las reuniones llevadas a cabo por el Almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur con las autoridades colombianas donde se ha discutido el tema de la desestabilización regional y Venezuela y el peligro que representa el incremento en un 36% del presupuesto militar de Brasil y su participación en el ejercicio denominado ¨Operación América Unida¨, el ejercicio militar de mayor envergadura en la historia latinoamericana, junto a las fuerzas armadas de Colombia y Perú. Señalando que durante el pasado año se efectuaron cuatro ejercicios militares, reafirma el dato de que en la Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos de 2017 se instruye al Pentágono el desarrollo de planes contingentes para Venezuela.

Mientras lo anterior ocurre, la guerra económica y diplomática contra Venezuela sigue su curso, que incluye la propuesta para aprobación de sanciones por parte de países de la Unión Europea y nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, continúa sin descanso su paso. Los imperios son así, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de su hegemonía sobre los pueblos, no duermen.

La respuesta del pueblo venezolano ante esta convocatoria a las elecciones presidenciales será crucial para el desarrollo de la Revolución Bolivariana de Venezuela. De ella depende la consolidación del apoyo popular al liderato de Nicolás Maduro Moros y el desarrollo de los objetivos trazados por el PSUV para este período. La solidaridad internacional con el pueblo venezolano y su gobierno será también una importante arma en los esfuerzos para detener los planes imperialistas contra este país hermano. ¡Frenemos pues, con nuestro apoyo y solidaridad, ese cruce del ¨Rubicón¨ que hoy impulsa Estados Unidos contra el hermano pueblo de Venezuela!


*Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

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