Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra Imperialista y la OTAN

Resolución Específica de la Mesa Guerras de Baja Intensidad y Golpes de Estado

La mesa sobre “Guerras de baja intensidad” del TPPCGIO parte de la naturaleza común de la guerra imperialista y de su conexión con la economía capitalista.

Esto implica señalar:

Que la industria militar (desde la producción de armas hasta la creación de ejércitos mercenarios) es un sector boyante.

Que son los intereses de las grandes compañías los que definen la toma de decisiones políticas relacionadas con la guerra, y los intereses económicos presentes en los países atacados (apertura de mercados, apropiación de recursos naturales, el negocio de la reconstrucción y la necesidad geoestratégica).

Se ha subrayado que esas intervenciones, muchas veces justificadas por las potencias agresoras como acciones “humanitarias” realizadas en nombre del progreso y la democracia, en realidad perpetúan la explotación social, económica y política y generan daños medioambientales irreparables.

La intensificación de la agresión imperialista actual responde al crecimiento de la resistencia generalizada y en todos los ámbitos (político, económico, cultural) al Nuevo Orden Mundial unipolar, especialmente por parte del los BRICS. En el contexto de crisis económica, el ascenso productivo, financiero y monetario de estos países del BRICS quiebra la unipolaridad vigente desde el colapso de la Unión Soviética y lo hace en todos los ámbitos: político, económico y militar. Otro síntoma relevante es la oposición popular al euro dentro de la UE, de momento capitalizada desgraciadamente por la extrema derecha, pero que no debe ser obviada por la izquierda.

La mesa también ha planteado la necesidad de revisar la terminología, en la medida en que el concepto de guerras de baja intensidad tiene una carga ideológica fuerte, que contribuye precisamente a hacer lo que el TPPCGIO quiere evitar: fragmentar, desconectar, ocultar la lógica interna de la guerra imperialista como “guerra-mundo” . Muchas de las formas de injerencia que estamos considerando son en realidad muy intensas. Lo que nos preocupa es mostrar que estas formas diferentes, en grado de destructividad y de implicación directa de las potencias imperialistas, forman parte todas ellas de una estrategia unificada. Usamos el término a propósito: para denunciar su ambigüedad y mostrar sus contradicciones, a falta, por el momento, de un término mejor (en otros contexto se ha propuesto el de “guerra-mundo”), porque cualquier otro tiene los mismos problemas.

Partiendo de una realidad que es fragmentaria y escurridiza, la mesa ha intentado poner de manifiesto los puntos en común que conectan unas formas de guerra de baja intensidad con otras, así como lo que tienen de semejante las situaciones de guerra no declarada en distintos contextos geográficos y circunstancias políticas. Para eso nos hemos servido de dos criterios, uno geográfico y otro analítico. El criterio geográfico nos ha servido para barrer las distintas regiones del globo y apuntar brevemente los casos más significativos acerca de los cuales la mesa ha recabado información durante el proceso de preparación de las sesiones (ver anexo). El criterio analítico, por otra parte, ha implicado la toma en consideración de tres nociones: injerencia, impunidad y responsabilidad.

Con injerencia nos referimos a todo el repertorio de acciones que forman parte de una estrategia de guerra no declarada en el contexto de dominación imperial. La injerencia tiene siempre una apoyatura mediática, cuya función básica es demonizar al futuro agredido y anestesiar el sentido crítico. Por otro lado, los métodos de injerencia, que son de lo más variados, pueden clasificarse en tres tipos básicos: (a) constitución de redes en los campos político, económico y social, contando tanto con agentes con buena voluntad pero cortos de miras como con otros agentes claramente dispuestos a subordinarse a una potencia exterior para agredir a su propio país; (b) intervenciones militares subrogadas mediante la cooptación de ejércitos golpistas, el empleo de mercenarios o la financiación de paramilitares; (c) despliegues militares directos de las potencias agresoras a través de la OTAN o de coaliciones internacionales creadas ad hoc. Las acciones en las guerras de baja intensidad cubren un amplísimo abanico: sanciones, embargos y bloqueos, sabotajes y acciones terroristas, magnicidios y genocidios…

Con impunidad nos referimos a la capacidad de las potencias agresoras para actuar en los límites del derecho o incluso transgrediendo la legalidad internacional, que sin embargo aplican de forma implacable a sus víctimas en cuanto tienen ocasión. Quienes ocupan una posición subordinada en el orden mundial imperialista carecen de los medios para defenderse de forma efectiva y permanente y además no cuentan con la aplicación eficaz del derecho internacional ni la protección y el apoyo de las instancias internacionales designadas para ello (Naciones Unidas, Corte Penal Internacional), ya que todo depende de cómo se articula el equilibrio de fuerzas internacional y de que alguna gran potencia decida, cuidando también sus propios intereses, ponerse del lado de los más débiles.

Por último, con responsabilidad nos referimos a la necesidad de vincular constantemente lo que sucede en el mundo con lo que sucede en nuestros barrios y en nuestras ciudades, así como a la importancia de visibilizar la responsabilidad -por acción u omisión- del Estado español en la injerencia y la impunidad bélicas. En ese sentido, la mesa ha señalado en el transcurso de la discusión que muchos de los métodos de guerra de baja intensidad que denunciamos cuando tienen lugar en el exterior también han sido y son aplicados en el Estado español, y especialmente en el actual momento de crisis económica, social y política. Es el caso de organizaciones políticas y sociales conservadoras o reaccionarias que son alentadas o toleradas, mientras otras, contestatarias y progresistas, son ignoradas o criminalizadas y perseguidas; sucede también que se refuerzan los mecanismos represivos del Estado y que se violentan los límites de la legalidad con tal de reforzar el control social; cada vez queda menos espacio para la discusión democrática y abierta y cada vez se imponen más la tecnocracia y la obediencia ciega.

Las deficiencias de la democracia española y la impunidad del Estado español mismo, -heredero del régimen de Franco del que proviene nuestro actual sistema político-, contribuye a blindar las decisiones de las clases dominantes que controlan el aparato del Estado y su implicación en la guerra-mundo. Esto se refleja, por ejemplo, en que sea el Rey quien tiene la potestad de declarar la guerra, o en el falso sometimiento a un control democrático de las decisiones ejecutivas sobre la participación del Estado español en misiones internacionales, ya que los representantes en el Congreso de los Diputados están férreamente controlados por sus partidos y no tienen ninguna independencia real frente al poder Ejecutivo. El último ejemplo de opacidad y vulneración del principio democrático es la revisión de los acuerdos bilaterales con EE.UU. sobre el uso de las bases militares de Morón y Rota, que excede lo aceptado en su momento por los ciudadanos y que ha sido aprobado sin consultarlos.

CONDENAS

La mesa de guerras de baja intensidad del TPPCGIO condena:

1. El uso fraudulento de las conversaciones de paz y los procesos de negociación, que dejan sin validez el principio jurídico internacional de resolución pacífica de los conflictos.

2. La manipulación de agentes políticos, sociales y económicos locales con el fin de desestabilizar países soberanos en el marco de una estrategia imperialista global.

3. El apoyo institucional a fuerzas golpistas y evidentemente reaccionarias que amenazan a los gobiernos e instituciones legítimas de los países soberanos, así como al bienestar de sus habitantes y la libre autodeterminación de los pueblos.

4. La violación sistemática del derecho internacional por parte de las potencias a las cuales el Estado español considera aliadas.

5. La complicidad del Estado español, y de la Unión Europea, que muchas veces fuerza al Estado español a actuar en perjuicio de sus intereses soberanos, con todas las acciones injustas enumeradas hasta aquí.

6. La opacidad institucional y la falta de garantías democráticas que caracterizan la toma de decisiones relacionadas con cuestiones militares en el Estado español.

7. La búsqueda y obtención de beneficios económicos a través de la guerra.

8. La falta absoluta de preocupación por los daños humanos y medioambientales provocados por la guerra.

EXIGENCIAS

Verdad: Aclaración de los hechos y construcción de un relato coherente y comprensivo, que exige el reconocimiento, por parte de los actores (Estados, organismos, personas, grupos paramilitares, etc.) de su responsabilidad, por acción y por omisión. Esto implica un ejercicio de transparencia por parte de los Estados agresores.

Justicia: Identificación de los responsables y reconocimiento del sufrimiento de las víctimas.

Reparación: Resarcimiento moral, aplicación de la legalidad vigente, restablecimiento de lo dañado en términos humanos, económicos, sociales y medioambientales. Esto implica eliminar las condiciones que hacen posibles las agresiones imperialistas, para que no se vuelvan a repetir en el futuro; en el caso del Estado español, es imprescindible la salida de la OTAN, la retirada de las bases estadounidenses, la reducción drástica del presupuesto militar y la ruptura con la Unión Europea.

ANEXO: DESGLOSE POR TERRITORIOS

En el repaso de los distintos contextos geográficos, se ha señalado lo siguiente:

(I) AMÉRICA LATINA

I.1. Venezuela. Venezuela está siendo objetivo permanente de una guerra de baja intensidad donde convergen acciones de sabotaje económico planificado, sectores políticos contrarrevolucionarios que reciben apoyo exterior, y fuerzas golpistas que recurren directamente a la violencia (guarimbas). La responsabilidad del Estado español en este caso es evidente, puesto que las instituciones españolas (Gobierno, partidos políticos, medios de comunicación…) se han volcado en el apoyo a la derecha venezolana, y las grandes empresas venezolanas implicadas en el sabotaje económico que ha sufrido Venezuela en los últimos tiempos cuentan con participación de capital español. El mismo tipo de formas de injerencia se producen en el resto de países del ALBA (formado, aparte de Venezuela y Cuba, por Nicaragua, Ecuador y Bolivia).

I.2. Colombia. En un artículo enviado por James Petras como contribución al Tribunal, se señala cómo en tiempos recientes el gobierno colombiano ha utilizado la coyuntura del proceso de paz, durante el cual las FARC han bajado la guardia, para intensificar las operaciones militares, perpetuando el clima de violencia. Ni el Gobierno español actual ni los anteriores han puesto el más mínimo reparo a la hora de apoyar a los últimos gobiernos colombianos, a pesar del gravísimo historial de violaciones de derechos humanos con el que cuenta Colombia y de las responsabilidades de los máximos líderes políticos del país en los últimos tiempos en relación con las acciones paramilitares y el asesinato indiscriminado de personas opuestas al Gobierno.

I.3. Cuba. El bloqueo a Cuba es un ejemplo paradigmático de la imposición discrecional de sanciones económicas por parte de una gran potencia, yendo en contra de la voluntad manifiesta de la inmensa mayoría de la comunidad internacional y del derecho internacional. El Estado español ha mantenido recientemente una posición tímidamente contraria en el mejor de los casos, pero la mayor parte del tiempo abiertamente favorable al bloqueo.

1.4 El ALBA-

(II) ORIENTE PRÓXIMO

II.1. Palestina. El caso palestino es, como el cubano, uno de los más tristes ejemplos de los niveles que pueden alcanzar la injerencia y la impunidad imperialistas. El Estado español, que se precia de ser un país comprometido con la causa palestina, es al mismo tiempo un importante socio de la entidad sionista (Israel), y limita sus críticas a la política israelí en las zonas ocupadas de Cisjordania, sin decir nada acerca del carácter racista del estado israelí. La actual reivindicación de una solución de dos Estados que garantice “un Israel seguro y una Palestina viable” es otra muestra más de la alineación efectiva del Estado español con la colonización israelí y la perpetuación de una situación crónica de guerra. El Acuerdo de asociación comercial entre la UE y la entidad sionista prevé, en su artículo 2, la anulación del mismo en caso de violación de los Derechos humanos y los principios democráticos, de manera que el acuerdo debería ser suspendido.

II.2. Irán. De la misma forma que Colombia aprovecha el proceso de paz para intensificar las acciones militares contra las FARC, EE.UU. aprovecha las negociaciones con Irán acerca del programa nuclear para desarrollar una campaña de cercamiento militar que implica la desestabilización política de Irak y Siria. El Estado español fue parte de la coalición internacional que invadió Irak en 2003, y por tanto las autoridades españolas son en esa misma medida responsables de la actual situación, con la emergencia del Estado Islámico; por otra parte, el Estado español ha participado en las maniobras internacionales relacionadas con la desestabilización política en Siria, desplegando misiles Patriot en la frontera turco-siria.

III.3. Yemen. La agresión militar en Yemen por parte de Arabia Saudí apenas recibe cobertura informativa a pesar de su gravedad; la responsabilidad del Estado español es clara, al menos, en las excelentes relaciones entre la Monarquía española y la dinastía saudí.

(III) EUROPA ORIENTAL

III.1. Rusia. La decisión, tomada a nivel de la UE siguiendo las indicaciones de EE.UU., de aplicar un bloqueo y sanciones a Rusia tras el golpe de Estado en Ucrania y la secesión de zonas rusófonas del país, ha supuesto la implicación del Estado español en un conflicto bélico latente del cual no solamente no obtiene ningún beneficio directo sino que también han derivado ya serios perjuicios para las clases trabajadoras del país, concretamente las vinculadas al sector agrario, por las represalias tomadas por las autoridades rusas, que han vetado la importación de productos europeos.

III.2. Ucrania. El golpe de Estado en Ucrania, alimentado desde la UE (bajo mando estadounidense) en un contexto de rivalidad geopolítica con Rusia por la conservación de una zona de influencia en Europa del Este ha implicado e implica de forma creciente al Estado español de forma que va mucho más allá del efecto búmeran de las sanciones. El destructor USS Donald Cook, desplegado en Rota en 2014, fue enviado poco después de su despliegue en el Estado español al Mar Negro, en plena crisis de Crimea. Posteriormente el Estado español se ha incorporado a las patrullas aéreas en el Báltico, y lo más reciente es el despliegue de la fuerza de muy alta disponibilidad, validada durante las recientes maniobras de la OTAN, en Polonia. Todo esto introduce al Estado español de lleno en una escalada militar reciente y cada vez más acelerada cuyas repercusiones son globales.

(IV) ÁFRICA

IV.1. Mali y República Centroafricana. En ambos países se han producido recientemente sendas intervenciones militares cuyo peso ha recaído fundamentalmente en Francia, pero en las cuales el Estado español colabora de forma activa con tareas logísticas y de entrenamiento de las fuerzas armadas de ambos países.

IV.2. Operación Atalanta. Aunque es un caso que ha desaparecido completamente de los medios de comunicación, desde hace años el Estado español participa en una misión internacional en el cuerno de África supuestamente dirigida a proteger a los barcos pesqueros de la piratería. No se habla, sin embargo, de las condiciones draconianas que posibilitan la explotación de los recursos pesqueros de la región por parte de compañías europeas, ni la importancia geoestratégica del Cuerno de África (y el Canal de Suez) para la distribución de hidrocarburos.

IV.3. Libia. No se puede olvidar la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la operación militar internacional que contribuyó a alimentar la guerra civil libia que desintegró el orden político sostenido por Gadafi y que aún hoy persiste.

IV.4. Sahara Occidental. Otro caso en el que la responsabilidad española es evidente y en el que el papel de los EE.UU., que tiene ante sí dos súbditos igual de obedientes (el Estado español y Marruecos) no puede ser obviado, sobre todo dada la importancia de los recursos minerales de Sahara Occidental. La forma en que se está ignorando las graves consecuencias humanitarias de las lluvias torrenciales en los campos de refugiados muestra una una vez más la indiferencia calculada del Estado español ante un caso que es su responsabilidad.

(V) ASIA CENTRAL Y ORIENTAL

V.1. Afganistán. Un país asolado permanentemente por la guerra desde el apoyo estadounidense a los talibán conta la Unión Soviética. El Estado español interviene en Afganistán tras el 11S y sólo recientemente está en fase de repliegue, si bien se realiza teniendo en mente el retorno en un nuevo tipo de misión.

V.2. China. El ascenso de China como potencia regional y global ha llevado a Estados Unidos a ampliar su presencia en ambos lados del Pacífico (América Latina -Colombia, Perú, Costa Rica…- y Sudeste Asiático -Japón, Corea del Sur-). El Estado español participa de esta estrategia, especialmente a través de su implicación como miembro observador (el único europeo) de la Alianza del Pacífico, formada por países cercanos a Estados Unidos frente al ascenso del ALBA y Mercosur.

 

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