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Información relativa al Estado de Excepció n en la frontera entre Colombia y Venezuela decretado por el Gobierno de l a República Bolivariana de Venezuela.
Anexo 1: Información relativa al Estado de Excepción en la frontera entre
Colombia y Venezuela decretado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
El 19 de agosto el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ordenó cerrar por 72 horas la frontera entre Venezuela y Colombia en el estado Táchira,después que ese día tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
resultaran gravemente heridos mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción. El 22 de agosto, la medida de cierre fue extendida de manera indefinida. Estos hechos son el colofón de una situación
fronteriza que viene siendo afectada desde hace tiempo por prácticas
paramilitares, un creciente contrabando de extracción de alimentos y productos
de la cesta básica venezolana hacia Colombia, que inciden negativamente en
la vida económica y social venezolana.
En los últimos meses se ha multiplicado exponencialmente el contrabando de
extracción de cuantiosos bienes, medicinas, alimentos, gasolina, entre toda
suerte de prestaciones pertenecientes al pueblo de Venezuela, incluyendo la
especulación con la moneda venezolana extraída para el delictivo negocio de la
manipulación cambiaría.
Es importante señalar que la especulación cambiaria en la frontera tiene sus
orígenes en la Resolución Nº 8 del Banco Central De Colombia promulgada en
el año 2000 por el ex presidente colombiano Andrés Pastrana. Esta resolución
permitió establecer un sistema oficial paralelo para el precio de compra y venta
del dólar y del peso. De esta manera, se autorizó el intercambio de bolívares
muy por debajo del precio real, resultando en un sistema especulativo con la
moneda venezolana. También se destaca que en el 2012, el gobierno
colombiano mediante el decreto 0568, legalizó la gasolina de contrabando,
estableciendo a su vez impuestos que son cobrados por los municipios y el
Estado. La diferencia en precio de la gasolina entre Venezuela y Colombia,
hace de la reventa y el contrabando un negocio extremadamente lucrativo,
donde se calcula que a diario se pierden desde el lado venezolano 143.000
barriles (aproximadamente 23 millones de litros) en esta actividad ilegal.
A raíz de los perjuicios ocasionados a Venezuela y los derechos de su pueblo,
como resultado de males originados del lado colombiano y no atendidos o
controlados suficientemente por su Gobierno, y a pesar del conocimiento de los
múltiples reclamos presentados por el Gobierno venezolano sin respuestas
efectivas por parte del Gobierno colombiano, a las autoridades venezolanas no
les ha quedado otra salida que decretar, el 21 de agosto, un Estado de
Excepción Constitucional en varios municipios fronterizos venezolanos, así
como el cierre provisional de parte de la frontera.
No se puede ocultar la política venezolana de franca acogida histórica con la
migración colombiana, ni los programas de protección de los desplazados de la
violencia de ese país, tal y como lo ha establecido la ACNUR, prestados
eficazmente por años a miles de colombianos desplazados de su propio
territorio con ocasión del conflicto armado interno que se ha sufrido en
Colombia por décadas.
Con apenas 27 millones de habitantes, Venezuela ha recibido de manera
solidaria y protectora a más de 5.600.000 hermanos colombianos, que han
llegado a nuestro país por voluntad propia o por razones de desplazamiento
forzado. Sólo en los últimos nueve años, 800.000 ciudadanos colombianos han
emigrado a Venezuela, en el 2014 ingresaron 144.612 y en lo que va de 2015,
140.000 han entrado a este país en busca de mejores condiciones de vida,
contradiciendo las afirmaciones que tendenciosamente buscan promover la
falsa idea de que el Gobierno venezolano desarrolla una política contra la
población colombiana.
Nuestra posición integracionista, solidariamente sostenida, y demostrado
compromiso en defensa de los derechos humanos, pareciera que han sido mal
interpretados o incluso, ilícitamente aprovechados desde Colombia, para
abusar o permitir el abuso sistemático de los derechos de su pueblo y de su
integridad. También desdice de la debida atención a problemas originados en
ese país la indiferencia, cuando no posiciones más comprometedoras, que han
resultado en grave y abierta violación a los derechos del pueblo de Venezuela.
La actitud de las administraciones de Colombia ha sido caracterizada por la
permisividad con el violento y descomunal contrabando de extracción a todas
las escalas posibles, que despoja al pueblo venezolano, incluidos los
colombianos que viven en Venezuela del derecho al desarrollo humano y el
buen vivir en paz.
Asimismo, el Gobierno venezolano ha denunciado categóricamente los intentos
de confundir y tratar de desplazar el foco de atención de la responsabilidad
internacional del Gobierno de la República de Colombia en este asunto.
Es poreso que el Gobierno venezolano ha rechazado las declaraciones
extemporáneas del Gobierno Colombiano del 23 de agosto, en las que pidió “se
respete la integridad y los derechos humanos” de los ciudadanos del país “que
sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas “por
Venezuela en el marco del Estado de Excepción decretado en el Estado de Táchira.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene el deber y el
derecho de defender a todos los habitantes del país ante la gravedad de la
situación fronteriza para así confrontar la amenaza por la arremetida violenta
paramilitar y la articulación de atentados socioeconómicos desde territorio
colombiano.
Con el ánimo de buscar una salida definitiva con el menor perjuicio posible para
ambos pueblos el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
promovió el 26 de agosto una reunión binacional de cancilleres para dialogar
franca y abiertamente sobre la grave situación fronteriza que principalmente ha
perjudicado a Venezuela y a los derechos de su pueblo.
Venezuela recalca que si bien conserva la esperanza en que el Gobierno
colombiano cumpla con sus responsabilidades y compromisos en esta materia,
a la vez, le instará a considerar que la mejor forma de sortear las dificultades es
atendiéndolas en su origen y causas. El Gobierno venezolano ha reiterado que
siempre agradecerá la voluntad de cooperación de Colombia para atender y
resolver las demandas y requerimientos de nuestros pueblos, y recalca que la
situación no debe ser utilizada para ninguna finalidad relacionada con asuntos
electorales por ninguno de los dos países. Asimismo, se congratula con el
compromiso del Gobierno colombiano, adquirido tras la reunión de Cancilleres,
para atender el grave problema de contrabando de extracción hacia ese país
que afecta gravemente a Venezuela y los derechos humanos de sus habitantes.
La República Bolivariana de Venezuela propondrá al gobierno colombiano, en
el marco del Derecho Humanitario Internacional, que asuma su responsabilidad
ante los graves problemas de su población que debería enfrentar con
encomiable disposición y entrega, garantizando que las acciones
delincuenciales que se vienen traspasando hacia sus países vecinos, sean
prevenidas y controladas y que definitivamente fructifique el mayor
entendimiento en el manejo de la solución más constructiva.
Anexo 2: COMUNICADO EMITIDO EL 31 DE AGOSTO DE 2015
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para
Relaciones Exteriores
Comunicado
La República Bolivariana de Venezuela rechaza el inmoral e hipócrita
comunicado realizado por burócratas enquistados en la Unión Europea del 29
de agosto de 2015, en las cuales expresa, sin fundamento ni pruebas, graves
señalamientos contra nuestro país asociados a la decisión soberana de adoptar
medidas para combatir el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y los
ataques sistemáticos a la economía venezolana originados en la República de
Colombia.
Las afirmaciones de estos burócratas europeos, que no tienen moral ni
autoridad para inmiscuirse en asuntos bilaterales que no les competen, ocultan
un doble rasero, por decir lo menos, pues provienen de quienes han causado
colosales tragedias humanitarias en el Mar Mediterráneo producto del
intervencionismo bélico y la violencia terrorista en países del Medio Oriente,
Asia y África.
Antes de intentar gobernar el mundo y girar instrucciones a países soberanos,
los invitamos a atender la más grave crisis humanitaria generada en estos
países, donde mueren miles de ciudadanos ante la mirada cómplice de éstos
mismos burócratas que redactan comunicados insolentes e injerencistas.
Venezuela es víctima de la agresión de mafias narcotraficantes, de bandas
paramilitares, y de una guerra económica sistemática desde territorio
colombiano, que la llevaron a adoptar decisiones legítimas, soberanas y legales
que deben ser respetadas.
Nuestro país ha sufrido por décadas el éxodo humanitario más grande que se
conozca en nuestra historia, con apenas 27 millones de habitantes hemos
recibido de manera solidaria y protectora a más de 5.600.000 hermanos
colombianos.
La República Bolivariana de Venezuela propondrá al gobierno colombiano, en
el marco del Derecho Humanitario Internacional, que asuman responsabilidad
ante ésta realidad ineludible.
Caracas, 31 de agosto de 2015
