No se puede ocultar la política venezolana de franca acogida histórica con la
migración colombiana, ni los programas de protección de los desplazados de la
violencia de ese país, tal y como lo ha establecido la ACNUR, prestados
eficazmente por años a miles de colombianos desplazados de su propio
territorio con ocasión del conflicto armado interno que se ha sufrido en
Colombia por décadas.
Con apenas 27 millones de habitantes, Venezuela ha recibido de manera
solidaria y protectora a más de 5.600.000 hermanos colombianos, que han
llegado a nuestro país por voluntad propia o por razones de desplazamiento
forzado. Sólo en los últimos nueve años, 800.000 ciudadanos colombianos han
emigrado a Venezuela, en el 2014 ingresaron 144.612 y en lo que va de 2015,
140.000 han entrado a este país en busca de mejores condiciones de vida,
contradiciendo las afirmaciones que tendenciosamente buscan promover la
falsa idea de que el Gobierno venezolano desarrolla una política contra la
población colombiana.
Nuestra posición integracionista, solidariamente sostenida, y demostrado
compromiso en defensa de los derechos humanos, pareciera que han sido mal
interpretados o incluso, ilícitamente aprovechados desde Colombia, para
abusar o permitir el abuso sistemático de los derechos de su pueblo y de su
integridad. También desdice de la debida atención a problemas originados en
ese país la indiferencia, cuando no posiciones más comprometedoras, que han
resultado en grave y abierta violación a los derechos del pueblo de Venezuela.
La actitud de las administraciones de Colombia ha sido caracterizada por la
permisividad con el violento y descomunal contrabando de extracción a todas
las escalas posibles, que despoja al pueblo venezolano, incluidos los
colombianos que viven en Venezuela del derecho al desarrollo humano y el
buen vivir en paz.
Asimismo, el Gobierno venezolano ha denunciado categóricamente los intentos
de confundir y tratar de desplazar el foco de atención de la responsabilidad
internacional del Gobierno de la República de Colombia en este asunto.
Es poreso que el Gobierno venezolano ha rechazado las declaraciones
extemporáneas del Gobierno Colombiano del 23 de agosto, en las que pidió “se
respete la integridad y los derechos humanos” de los ciudadanos del país “que
sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas “por
Venezuela en el marco del Estado de Excepción decretado en el Estado de Táchira.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene el deber y el
derecho de defender a todos los habitantes del país ante la gravedad de la
situación fronteriza para así confrontar la amenaza por la arremetida violenta
paramilitar y la articulación de atentados socioeconómicos desde territorio
colombiano.
Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN 